Ha habido muchas preguntas referentes al bombardeo de Kosovo por la OTAN (lo que significa ante todo los EE.UU). Mucho se ha escrito sobre el asunto (incluyendo los comentarios de ZNet). Quisiera hacer algunas observaciones generales, atendiendo a los hechos que nadie pone seriamente en cuestión.
Hay dos asuntos fundamentales:
(1) ¿Cuáles son las “normas del orden mundial” aceptadas y aplicables?
(2) ¿Cómo se aplican éstas u otras consideraciones en el caso de Kosovo?
 
(1) ¿Cuáles son las “normas del orden mundial” aceptadas y aplicables?
Hay un régimen de derecho internacional y de orden internacional,  que obliga a todos los Estados, basado en la carta de la O.N.U, las consiguientes resoluciones y  las  decisiones del Tribunal Internacional. En resumen, la amenaza o el uso de la fuerza está vetada a menos que sea autorizada explícitamente por el Consejo de Seguridad,  después de que éste haya determinado que los medios pacíficos han fallado; o en defensa propia contra "un ataque armado" (un concepto estricto), hasta que actúe el Consejo de Seguridad.
Hay, por supuesto, más que decir. Así, hay por lo menos una tensión, si no una abierta contradicción, entre las normas del orden mundial estipuladas en la Carta de la O.N.U. y los derechos articulados en la Declaración Univer-sal de los Derechos Humanos (DH), un segundo pilar del orden mundial establecido por iniciativa de los EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial. La carta prohíbe la violación por la fuerza de la soberanía de los Estados; la DH garan-tiza los derechos de los individuos frente a Estados opresivos. La cuestión de la "intervención humanitaria" surge de esta tensión. Los EEUU/OTAN reclaman en Kosovo un derecho a "la intervención humanitaria",  apoyado por la opinión editorial y los informes de noticias (en este último caso, incluso en la elección deliberada de los términos).
Un ejemplo es el reportaje del NY Times (27 de marzo), titulado “Expertos legales apoyan el uso de la fuerza en Kosovo”. Se cita a Allen Gerson, antiguo consejero de la misión de los E.E.U.U. en la O.N.U, y a otros dos expertos legales. Uno de ellos, Ted Galen Carpenter, “ridiculizó el argumento de la administración”,  y rechazó el alegado derecho a la intervención. El tercero es Jack Goldsmith, especialista en derecho internacional del Colegio de Abogados de Chicago, quien reconoce que los críticos del bombardeo de la OTAN " tienen un argumento legal bastante bueno”, pero “mucha gente piensa que [una excepción para la intervención humanitaria] existe como cuestión de costumbre y de práctica”. Estas son todas las pruebas que se ofrecen para justificar la conclusión indicada en el título.
La observación de Goldsmith es razonable, por lo menos si convenimos en que los hechos son relevantes para la determinación de “la costumbre y la práctica”. Podemos también sostener una perogrullada: el derecho a la intervención humanitaria, si existe, debe presuponer la "buena fe" de esa intervención, y esa presunción debe basarse, no en la retórica, sino en la experiencia, en particular la de la adhesión a los principios del derecho internacional , las decisiones del Tribunal Internacional, etc.  Es evidentemente una perogrullada, por lo menos al  comparar con otros casos. Considérense, por ejemplo, las ofertas iraníes de intervenir en Bosnia para evitar masacres, en un momento en que Occidente no lo hacía. Fueron desestimadas como ridículas (de hecho, ni se les hizo  caso); si había alguna razón más allá de la subordinación al poder, era la de que no podía asumirse la “buena fe” iraní. Una persona racional podría entonces plantear preguntas obvias: ¿es el dossier iraní de intervención y  terror peor que el de los EE.UU.? Y otras preguntas, por ejemplo: ¿Cómo debemos evaluar la "buena fe" del único país que vetó una resolución del Consejo Seguridad que invita todos los estados a obedecer el derecho interna-cional? ¿Qué decir sobre su experiencia histórica? A menos que tales preguntas tengan relevancia en el contexto del discurso, cualquier persona honesta lo desaprobará como mera reverencia a la doctrina. Un ejercicio útil es determinar cuánto de lo publicado, en los medios de comunicación o de otra forma, responde a cuestiones tan elementales como éstas.
 
(2) ¿Cómo se aplican éstas u otras consideraciones en el caso de Kosovo?
Ha habido una catástrofe humanitaria en Kosovo en el último año, atribuible de forma predominante a las fuerzas militares yugoslavas. Las víctimas principales han sido kosovares étnicamente albaneses, un 90% de la población de este territorio yugoslavo. La estimación corriente es de 2.000 muertos y centenares de miles de refugiados.
     En tales casos, las fuerzas extranjeras tienen tres opciones:
          (I) ampliar la catástrofe
          (II) no hacer nada
          (III) intentar atenuar la catástrofe
     Esas opciones pueden ilustrarse con otros casos contemporáneos. Observemos  algunos, aproximadamente de la misma escala, y preguntémonos cómo cuadra Kosovo en el modelo.
 (A) COLOMBIA.- En Colombia, según estimaciones del Departamento de Estado, el nivel anual de las   matanzas políticas realizadas por el gobierno y sus asociados paramilitares, está aproximadamente al nivel de Kosovo; y el flujo de refugiados, provocado ante todo por sus atrocidades, está muy por encima del millón. Colombia ha sido el principal recipiendario de armas y  entrenamiento desde EE. UU. del hemisferio occidental desde que la violencia creció en los '90s- y esa ayuda está ahora aumentando, bajo una “guerra de la droga”  denunciada como pretexto  por casi todos los observadores serios. La Administración  Clinton fue particularmente entusiasta en su alabanza al presidente Gaviria, cuya administración era responsable de "niveles espantosos de violencia", según las organi-zaciones de derechos humanos, sobrepasando incluso a sus precursores. Los detalles son fácilmente accesibles.
En este caso la reacción de Estados Unidos es (I): aumentar las atrocidades.
 (B) TURQUÍA.- Por muy conservadoras que sean las estimaciones, la represión turca contra los kurdos el los años 90, cae dentro de la categoría de Kosovo. Se acentuó a comienzos de los 90. Un indicador es el desplazamiento de alrededor de un millón de kurdos desde el campo hasta la capital no oficial del Kurdistán, Diyarbakir, entre 1990 y 1994, a medida que el ejército turco devastaba las zonas rurales. 1994 marcó dos récords: fue “el año de mayor represión en las provincias kurdas” de Turquía, según contaba Jonathan Randall desde el lugar de los aconteci-mientos, y fue el año en que Turquía se convirtió en “el mayor importador de equipamiento militar estadounidense y por tanto en el mayor comprador mundial de armas”. Cuando los grupos de derechos humanos denunciaron el uso de aviones estadounidenses para bombardear las aldeas, el gobierno  de Clinton encontró vías para evadir las leyes que imponían la suspensión de los envíos de armas, como venía haciendo en Indonesia y otros países.
 Colombia y Turquía explican sus atrocidades (con apoyo de EEUU), sobre la base de que están defendiendo sus países del ataque de guerrillas terroristas, lo mismo que el gobierno de Yugoslavia.
De nuevo el ejemplo ilustra la opción (I): ampliar las atrocidades.
 (C) LAOS.- Cada año miles de personas, en su mayoría niños y campesinos pobres, mueren en la Llanura de los Estruendos, al norte de Laos, que fue escenario de los más duros bombardeos sobre blancos civiles en la historia, y probablemente, los más crueles: los asaltos furiosos de Washington contra una sociedad de campesinos pobres tenían poco que ver con las habituales guerras en esa región. El peor período fue a partir de 1968, cuando Washing-ton se vio obligado a entablar negociaciones (bajo presión popular y económica), terminando con los bombardeos continuos sobre Vietnam del Norte. Kissinger y  Nixon decidieron entonces cambiar los planes y bombardear Laos y Camboya.
Las muertes vienen de “bombitas”, pequeñas armas antipersonales, mucho peores que cualquier mina terrestre: están destinadas específicamente a matar y mutilar, pues no producen efectos sobre vehículos, edificios, etc. La llanura se vio saturada con cientos de miles de estos artefactos criminales, cuya probabilidad de no explotar inme-diatamente es del 20 al 30 %, según la empresa fabricante Honeywell . Esas cifras indican, o un control de calidad notablemente pobre, o una deliberada política de asesinar civiles por acción retardada. Esta fue sólo una parte de la tecnología desplegada, que incluía avanzados misiles para penetrar en las cuevas donde las familias buscaban refugio. Actualmente, los accidentes anuales por las “bombitas” se estiman desde unos centenares, hasta “una tasa anual de 20.000 accidentes”, más  de la mitad mortales, según el reportero Barry Wain del Wall Street Journal en su edición de Asia. Un cálculo conservador es pues que las cifras de este año son por lo menos aproximadamente comparables a las de Kosovo, aunque las muertes están abrumadoramente más concentradas en los niños; más de la mitad, de acuerdo con los análisis ofrecidos por el Comité Central Menonita, que ha estado trabajando allí desde 1977 para aliviar las continuas atrocidades.
Se han hecho esfuerzos para hacer conocer y remediar esa catástrofe humanitaria. El Grupo británico de Asesoría sobre Minas (GAM), está tratando de despejar la zona de objetos letales, pero “los Estados Unidos están visible-mente ausentes del puñado de organizaciones occidentales que han seguido a GAM” -informa la prensa británica- aunque han aceptado finalmente entrenar a algunos civiles laosianos. La prensa británica también informa con cierto enojo sobre la denuncia de los especialistas del GAM, según la cual estados Unidos rechaza proporcionarles “procedimientos libres de riesgo”, que harían “mucho más rápido y seguro” su trabajo. Éstos se mantienen como secreto de estado, al igual que todo el asunto en los Estados Unidos. La prensa de Bangkok informa de una situación muy similar en Kampuchea, especialmente en la región oriental, donde el bombardeo estadounidense fue más intenso desde 1969.
En este caso la reacción de Estados Unidos es (II): no hacer nada. Y la reacción de los medios de comunicación y comentaristas es permanecer callados, siguiendo las normas bajo las que la guerra contra Laos fue declarada “secreta”, lo que significa bien conocida pero ocultada, como sucedió con la cuestión de Camboya desde marzo de 1969. El nivel de autocensura fue tan extraordinario como el actual. La relevancia de ese espantoso ejemplo debería ser obvia, sin más comentarios.
Omitiré otros ejemplos de (I) y (II), aunque abundan, y también atrocidades actuales  mucho mas serias, como la inmensa carnicería de civiles iraquíes, por medio de una forma particularmente cruel  de guerra biológica: “una alternativa muy dura”, comentó Madelein Albright en TV en 1996, cuando le preguntaron por su reacción frente a la muerte de medio millón de niños iraquíes en cinco años, “pero pensamos que el precio vale la pena”. Se calcula que actualmente siguen muriendo 5.000 niños al mes y el precio sigue “valiendo la pena”. Estos y otros ejemplos deberían mantenerse igualmente presentes cuando leemos la retórica reverencial con que se elogia la “dimensión moral” del gobierno de Clinton, que está por fin funcionando adecuadamente, como ilustra el ejemplo de Kosovo.
 ¿Qué demuestra precisamente ese ejemplo? La amenaza del bombardeo de la OTAN, como era previsible, ha conducido a una escalada aguda de las atrocidades del Ejército serbio y los paramilitares, y a la salida de los observadores internacionales, que por supuesto tuvo el mismo efecto. El Comandante general Wesley Clark declaró que era “enteramente predecible” que el terror serbio y la violencia se intensificarían tras los bombardeos de la OTAN, exactamente como pasó. El terror llegó por primera vez a la capital, Pristina, y hay informes creíbles de destrucción a gran escala de aldeas, asesinatos, generación de un enorme flujo de refugiados, quizás un esfuerzo por expulsar a buena parte de la población albanesa  --todas ellas consecuencias “enteramente predecibles” de la amenaza y luego del uso de la fuerza, tal y como el general Clark correctamente observaba.
Kosovo es por consiguiente otra ilustración de (I): incrementar la violencia, exactamente con el mismo resultado.
 Encontrar ejemplos de (III) es demasiado fácil, al menos si no atenemos a la retórica oficial. El principal estudio académico reciente de la “intervención humanitaria”, de Sean Murphy, recuerda el record posterior al pacto Kellogg-  Briand de 1928, que prohibió la guerra, y después de la proclamación de la Carta de la O.N.U., que fortaleció y articuló esas medidas. En la primera fase, escribe, los más prominentes ejemplos de “intervención humanitaria”  fueron el ataque japonés a Manchuria, la invasión de Etiopía por Mussolini y la ocupación por Hitler de parte de Checoeslovaquia. Todos fueron acompañados por una retórica humanitaria de muy altos vuelos, llena de justifica-ciones  fácticas. Japón iba a establecer un “paraíso terrenal” al defender  a los manchúes de los “bandidos chinos”, con el apoyo de un líder nacionalista chino, figura mucho más creíble que cualquiera de las que Estados Unidos fue capaz de encontrar durante su ofensiva en Vietnam del Sur. Mussolini estaba liberando a miles de esclavos y llevando adelante la “misión civilizadora” de Occidente.  Hitler anunció la intención de Alemania de terminar con las tensiones étnicas y de “salvaguardar la identidad nacional de los pueblos alemán y checo” en una operación “llena de fervorosos deseos de servir a los pueblos residentes en la zona” y de acuerdo con su voluntad; el Presidente eslovaco solicitó a Hitler que declarara a Eslovaquia protectorado alemán.
Otro ejercicio intelectual provechoso es comparar estas justificaciones obscenas con las ofrecidas para otras intervenciones, incluidas las “humanitarias”, en el período posterior a la proclamación de la Carta de la ONU.
En ese período, el ejemplo quizá más obligado es la invasión vietnamita de Kampuchea en diciembre de 1978, quie puso término a las atrocidades de Pol Pot, entonces en su punto álgido. Vietnam alegó el derecho a la autodefensa frente a un ataque armado, uno de los pocos ejemplos post-Carta en que el argumento era plausible: el régimen de los Khmeres Rojos (Kampuchea Democrática KD) estaba llevando a cabo ataques sanguinarios contra Vietnam en las áreas fronterizas. La reacción estadounidense es ilustrativa. La prensa condenó a los “prusianos” de Asia por sus desaforadas violaciones de la ley internacional. Fueron severamente castigados por el crimen de haber terminado con las matanzas de Pol Pot, primero con una invasión china (con apoyo de EEUU) y luego con la imposición por Estados Unidos de severas sanciones. Estados Unidos reconoció al expulsado KD como gobierno oficial de Kampuchea, alegando su “continuidad” con el régimen de Pol Pot, según explicó el Departamento de Estado.  No muy sutilmente, los EE. UU. siguieron apoyando a los khmeres rojos en sus ataques continuados en Kampuchea.
El ejemplo nos dice bastante más acerca de “la costumbre y la práctica” que sostiene “las emergentes normas legales de intervención humanitaria”.
 A pesar de los esfuerzos desesperados de los ideólogos para probar que los círculos son cuadrados, no caben dudas serias de que los bombardeos de la OTAN socavarán lo que queda de la frágil estructura del derecho internacional. Los EEUU lo han dejado claro en las discusiones previas a la decisión de la OTAN. Aparte de Gran Bretaña (en este momento tan independiente como lo fuera Ucrania en los años pre-Gorvachov), los países de la OTAN se manifestaron escépticos frente a la política de Estados Unidos y se sintieron especialmente incomodados por el “ruido de sables” de la secretaria de Estado Albright (Kevin Kullen, Boston Globe, feb 22). Actualmente, cuanto más de cerca se observa la conflictiva región,  mayor es la oposición a la insistencia de  Washington en el uso de la fuerza, incluso dentro de la OTAN (Grecia e Italia). Francia ha pedido una resolución del Consejo de Seguridad de la O.N.U,. que autorice el despliegue de fuerzas de interposición.  Los Estados Unidos han rechazado de plano esa posibilidad, insistiendo en “su posición de que la OTAN debería ser capaz de actuar independientemente de las Naciones Unidas”, según explicaron funcionarios del Departamento de Estado; también rechazaron que en la declaración de la OTAN apareciera la “palabra neurálgica” «autorizar», reticentes a conceder ninguna autoridad a la Carta de la ONU y a la ley internacional, y permitieron únicamente la palabra «respaldar» (Jane Perlez-NYT feb.11). De forma similar, el bombardeo de Irak fue una descarada expresión de desprecio por la O.N.U., incluso sobre la  fijación concreta del momento, y así fue entendido. Y lo mismo es cierto, por supuesto, para la destrucción de  la mitad de la producción farmacéutica en un pequeño país africano hace pocos meses, un acontecimiento que tampoco indica que la “dimensión moral” esté ajustándose a la virtud, por no decir un récord que habría que destacar si los hechos se consideraran relevantes para determinar “la costumbre y la práctica”.
Se podría argumentar, con bastante plausibilidad, que una demolición más radical de las normas del orden mundial es irrelevante, ya que desde finales de los años 30 habrían perdido su significado. El menosprecio de las potencias líderes del mundo hacia el marco del orden mundial ha llegado a ser tan extremo que no queda nada que discutir. Una revisión del registro de  documentos internos demuestra que esa actitud se remonta a los primeros días, incluso al primer memorandum del Consejo de Seguridad recién formado en 1947. Durante el gobierno de Kennedy comenzó a aparecer públicamente. La principal innovación de la era Reagan - Clinton está en que el desafío al derecho internacional y a la Carta de la O.N.U. se ha hecho completo, y además ha sido respaldado con atractivas explicaciones, que deberían figurar en las primeras páginas y en lugar destacado de los currículos universitarios, si la verdad y la honestidad se consideraran valores significativos. Las altas autoridades han explicado con claridad brutal que el Tribunal Internacional, la O.N.U y otras instituciones se han convertido en irrelevantes, porque ya no siguen las órdenes de los EEUU como hacían en los primeros tiempos de postguerra.
Uno  podría entonces apoyar la posición oficial, lo que constituiría una postura honesta, si al menos se viera acompañada por el rechazo a valerse del juego cínico de la autojustificación y el manejo de los menospreciados principios del derecho internacional como arma altamente selectiva contra diferentes enemigos.
Mientras que el reaganismo sentó las nuevas bases, con Clinton el desafío al orden mundial ha llegado a ser tan extremo como para llamar la atención de los analistas políticos más avizores.  En el último número de la revista líder del sistema, Foreing Affairs, Samuel Huntington advierte que Washington está siguiendo un derrotero peligroso. A los ojos de muchos en el mundo --probablemente de la mayoría del mundo, sugiere-- los Estados Unidos “se están convirtiendo en un superpoder feroz” que pueden llegar a considerar como “la gran amenaza externa para sus sociedades”. Una “teoría de las relaciones internacionales” realista, argumenta, predice que pueden surgir coaliciones para hacer frente a ese superpoder bellaco. Por razones pragmáticas, por tanto, la postura debería reconsiderarse. Los estadounidenses que desean una imagen diferente de su sociedad podrían exigir una reconsideración por razones diferentes al pragmatismo.
¿Cómo queda entonces la cuestión de qué hacer en Kosovo? Sin respuesta. Los Estados Unidos han escogido un curso de acción que, como reconoce explícitamente, incrementa las atrocidades y la violencia –“predeciblemente”; un curso de acción que además asesta otro golpe al régimen de orden internacional que al menos ofrece a los débiles una protección limitada contra Estados depredadores. En cuanto al largo plazo, las consecuencias son impredecibles. Una observación plausible es que “cada bomba que cae en Serbia y cada asesinato étnico en Kosovo  sugiere que para los serbios y albaneses será difícil vivir unos junto a otros, en alguna forma de paz” (Financial Times, 27 de Marzo). Algunas de las posibles consecuencias a largo plazo son extremadamente terribles, como algunos han señalado.
Un razonamiento habitual es que teníamos que hacer algo; no podíamos permanecer con los brazos cruzados, mientras proseguían las atrocidades. Pero no es verdad. Una elección posible era seguir el principio de Hipócrates: “Lo primero, no joder”. Si no se puede hallar una forma de no violar ese principio elemental, lo mejor es no hacer nada. Pero siempre hay formas a considerar. La diplomacia y las negociaciones nunca están de más.
Es probable que en los próximos años se invoque con mayor frecuencia –justificada o injustificadamente-- el derecho a una “intervención humanitaria”, ahora que los pretextos de la Guerra Fría han perdido su eficacia. En esta época, puede que valga la pena prestar atención a las opiniones de comentaristas respetados, por no hablar del Tribunal Internacional, que se pronunció explícitamente en esta materia en una decisión rechazada por los Estados Unidos, sobre la que no siquiera se ha informado.
En las disciplinas universitarias de Asuntos Internacionales y Derecho Internacional sería difícil encontrar voces más respetadas que las de Hedley Bull o Louis Henkin. Bull advirtió hace 15 años que “los Estados o grupos de Estados que se presentan a sí mismos como jueces del bien común internacional, sin prestar atención a la opinión de los demás, son de hecho una amenaza al para el orden internacional, y para una intervención efectiva en ese terreno”. Henkin, en una obra de referencia sobre el orden mundial, escribía que “las presiones que erosionan la prohibición del uso de la fuerza son deplorables, y los argumentos que pretenden legitimar ese uso bajo determinadas circunstancias son falaces y peligrosos [...] Las violaciones de los derechos humanos son desgraciadamente muy corrientes, y si estuviera permitido remediarlas mediante el uso de la fuerza, no quedaría ninguna ley que impidiera que casi cualquier Estado la empleara contra casi cualquier otro. Creo que los Derechos Humanos deben defenderse, y las injusticias remediarse, mediante medios pacíficos, y no abriendo la puerta a la agresión y destruyendo el principal avance en derecho internacional, que es la proscripción de la guerra y la prohibición de la fuerza.”
Los principios reconocidos del derecho internacional y el orden mundial, las obligaciones consagradas en solemnes tratados, las decisiones del Tribunal Internacional, los pronunciamientos prudentes de respetados comentaristas, etc., no resuelven automáticamente cada problema particular. Cada asunto debe estudiarse en concreto. Para los que no adoptan las formas de comportamiento de Saddam Hussein, hay mucho que probar antes de amenazar con el uso de la fuerza violando los principios del orden internacional. Es posible que esa prueba pueda ser aportada, pero hay que hacerlo, y no limitarse a proclamarla con retórica apasionada. Las consecuencias de tales violaciones tienen que medirse cuidadosamente–en particular, lo que se considere “predecible”–. Y quienes se pretenden mínimamente serios, también deben evaluar las razones para una acción, y no simplemente adular a los líderes y su “dimensión moral”.

 The Current Bombings: Behind the Rhetoric
By Noam Chomsky
There have been many inquiries concerning NATO (meaning primarily US) bombing in connection with Kosovo. A great deal has been written about the topic, including Znet commentaries. I'd like to make a few general observations, keeping to facts that are not seriously contested. There are two fundamental issues: (1) What are the accepted and applicable "rules of world order"? (2) How do these or other considerations apply in the case of Kosovo?
(1) What are the accepted and applicable "rules of world order"?
There is a regime of international law and international order, binding on all states, based on the UN Charter and subsequent resolutions and World Court decisions. In brief, the threat or use of force is banned unless explicitly authorized by the Security Council after it has determined that peaceful means have failed, or in self-defense against "armed attack" (a narrow concept) until the Security Council acts.
There is, of course, more to say. Thus there is at least a tension, if not an outright contradiction, between the rules of world order laid down in the UN Charter and the rights articulated in the Universal Declaration of Human Rights (UD), a second pillar of the world order established under US initiative after World War II. The Charter bans force violating state sovereignty; the UD guarantees the rights of individuals against oppressive states. The issue of "humanitarian intervention" arises from this tension. It is the right of "humanitarian intervention" that is claimed by the US/NATO in Kosovo, and that is generally supported by editorial opinion and news reports (in the latter case, reflexively, even by the very choice of terminology).
The question is addressed in a news report in the NY Times (March 27), headlined "Legal Scholars Support Case for Using Force" in Kosovo (March 27). One example is offered: Allen Gerson, former counsel to the US mission to the UN. Two other legal scholars are cited. One, Ted Galen Carpenter, "scoffed at the Administration argument" and dismissed the alleged right of intervention. The third is Jack Goldsmith, a specialist on international law at Chicago Law school. He says that critics of the NATO bombing "have a pretty good legal argument," but "many people think [an exception for humanitarian intervention] does exist as a matter of custom and practice." That summarizes the evidence offered to justify the favored conclusion stated in the headline.
Goldsmith's observation is reasonable, at least if we agree that facts are relevant to the determination of "custom and practice." We may also bear in mind a truism: the right of humanitarian intervention, if it exists, is premised on the "good faith" of those intervening, and that assumption is based not on their rhetoric but on their record, in particular their record of adherence to the principles of international law, World Court decisions, and so on. That is indeed a truism, at least with regard to others. Consider, for example, Iranian offers to intervene in Bosnia to prevent massacres at a time when the West would not do so. These were dismissed with ridicule (in fact, ignored); if there was a reason beyond subordination to power, it was because Iranian "good faith" could not be assumed. A rational person then asks obvious questions: is the Iranian record of intervention and terror worse than that of the US? And other questions, for example: How should we assess the "good faith" of the only country to have vetoed a Security Council resolution calling on all states to obey international law? What about its historical record? Unless such questions are prominent on the agenda of discourse, an honest person will dismiss it as mere allegiance to doctrine. A useful exercise is to determine how much of the literature -- media or other -- survives such elementary conditions as these.
(2) How do these or other considerations apply in the case of Kosovo?
There has been a humanitarian catastrophe in Kosovo in the past year, overwhelmingly attributable to Yugoslav military forces. The main victims have been ethnic Albanian Kosovars, some 90% of the population of this Yugoslav territory. The standard estimate is 2000 deaths and hundreds of thousands of refugees.
In such cases, outsiders have three choices:
 (I) try to escalate the catastrophe
(II) do nothing
(III) try to mitigate the catastrophe
The choices are illustrated by other contemporary cases. Let's keep to a few of approximately the same scale, and ask where Kosovo fits into the pattern.
(A) Colombia. In Colombia, according to State Department estimates, the annual level of political killing by the government and its paramilitary associates is about at the level of Kosovo, and refugee flight primarily from their atrocities is well over a million. Colombia has been the leading Western hemisphere recipient of US arms and training as violence increased through the '90s, and that assistance is now increasing, under a "drug war" pretext dismissed by almost all serious observers. The Clinton administration was particularly enthusiastic in its praise for President Gaviria, whose tenure in office was responsible for "appalling levels of violence," according to human rights organizations, even surpassing his predecessors. Details are readily available.
In this case, the US reaction is (I): escalate the atrocities.
(B) Turkey. By very conservative estimate, Turkish repression of Kurds in the '90s falls in the category of Kosovo. It peaked in the early '90s; one index is the flight of over a million Kurds from the countryside to the unofficial Kurdish capital Diyarbakir from 1990 to 1994, as the Turkish army was devastating the countryside. 1994 marked two records: it was "the year of the worst repression in the Kurdish provinces" of Turkey, Jonathan Randal reported from the scene, and the year when Turkey became "the biggest single importer of American military hardware and thus the world's largest arms purchaser." When human rights groups exposed Turkey's use of US jets to bomb villages, the Clinton Administration found ways to evade laws requiring suspension of arms deliveries, much as it was doing in Indonesia and elsewhere.
Colombia and Turkey explain their (US-supported) atrocities on grounds that they are defending their countries from the threat of terrorist guerrillas. As does the government of Yugoslavia.
Again, the example illustrates (I): try to escalate the atrocities.
(C) Laos. Every year thousands of people, mostly children and poor farmers, are killed in the Plain of Jars in Northern Laos, the scene of the heaviest bombing of civilian targets in history it appears, and arguably the most cruel: Washing-ton's furious assault on a poor peasant society had little to do with its wars in the region. The worst period was from 1968, when Washington was compelled to undertake negotiations (under popular and business pressure), ending the regular bombardment of North Vietnam. Kissinger-Nixon then decided to shift to bombardment of Laos and Cambodia.
The deaths are from "bombies," tiny anti-personnel weapons, far worse than land-mines: they are designed specifically to kill and maim, and have no effect on trucks, buildings, etc. The Plain was saturated with hundreds of millions of these criminal devices, which have a failure-to-explode rate of 20%-30% according to the manufacturer, Honeywell. The numbers suggest either remarkably poor quality control or a rational policy of murdering civilians by delayed action. These were only a fraction of the technology deployed, including advanced missiles to penetrate caves where families sought shelter. Current annual casualties from "bombies" are estimated from hundreds a year to "an annual nationwide casualty rate of 20,000," more than half of them deaths, according to the veteran Asia reporter Barry Wain of the Wall Street Journal -- in its Asia edition. A conservative estimate, then, is that the crisis this year is approximately comparable to Kosovo, though deaths are far more highly concentrated among children -- over half, according to analyses reported by the Mennonite Central Committee, which has been working there since 1977 to alleviate the continuing atrocities.
There have been efforts to publicize and deal with the humanitarian catastrophe. A British-based Mine Advisory Group (MAG) is trying to remove the lethal objects, but the US is "conspicuously missing from the handful of Western organisations that have followed MAG," the British press reports, though it has finally agreed to train some Laotian civilians. The British press also reports, with some anger, the allegation of MAG specialists that the US refuses to provide them with "render harmless procedures" that would make their work "a lot quicker and a lot safer." These remain a state secret, as does the whole affair in the United States. The Bangkok press reports a very similar situation in Cambodia, particularly the Eastern region where US bombardment from early 1969 was most intense.
In this case, the US reaction is (II): do nothing. And the reaction of the media and commentators is to keep silent, following the norms under which the war against Laos was designated a "secret war" -- meaning well-known, but suppressed, as also in the case of Cambodia from March 1969. The level of self-censorship was extraordinary then, as is the current phase. The relevance of this shocking example should be obvious without further comment.
I will skip other examples of (I) and (II), which abound, and also much more serious contemporary atrocities, such as the huge slaughter of Iraqi civilians by means of a particularly vicious form of biological warfare -- "a very hard choice," Madeleine Albright commented on national TV in 1996 when asked for her reaction to the killing of half a million Iraqi children in 5 years, but "we think the price is worth it." Current estimates remain about 5000 children killed a month, and the price is still "worth it." These and other examples might also be kept in mind when we read awed rhetoric about how the "moral compass" of the Clinton Administration is at last functioning properly, as the Kosovo example illustrates.
Just what does the example illustrate? The threat of NATO bombing, predictably, led to a sharp escalation of atrocities by the Serbian Army and paramilitaries, and to the departure of international observers, which of course had the same effect. Commanding General Wesley Clark declared that it was "entirely predictable" that Serbian terror and violence would intensify after the NATO bombing, exactly as happened. The terror for the first time reached the capital city of Pristina, and there are credible reports of large-scale destruction of villages, assassinations, generation of an enormous refugee flow, perhaps an effort to expel a good part of the Albanian population -- all an "entirely predictable" consequence of the threat and then the use of force, as General Clark rightly observes.
Kosovo is therefore another illustration of (I): try to escalate the violence, with exactly that expectation.
To find examples illustrating (III) is all too easy, at least if we keep to official rhetoric. The major recent academic study of "humanitarian intervention," by Sean Murphy, reviews the record after the Kellogg-Briand pact of 1928 which outlawed war, and then since the UN Charter, which strengthened and articulated these provisions. In the first phase, he writes, the most prominent examples of "humanitarian intervention" were Japan's attack on Manchuria, Mussolini's invasion of Ethiopia, and Hitler's occupation of parts of Czechoslovakia. All were accompanied by highly uplifting humanitarian rhetoric, and factual justifications as well. Japan was going to establish an "earthly paradise" as it defended Manchurians from "Chinese bandits," with the support of a leading Chinese nationalist, a far more credible figure than anyone the US was able to conjure up during its attack on South Vietnam. Mussolini was liberating thousands of slaves as he carried forth the Western "civilizing mission." Hitler announced Germany's intention to end ethnic tensions and violence, and "safeguard the national individuality of the German and Czech peoples," in an operation "filled with earnest desire to serve the true interests of the peoples dwelling in the area," in accordance with their will; the Slovakian President asked Hitler to declare Slovakia a protectorate.
Another useful intellectual exercise is to compare those obscene justifications with those offered for interventions, including "humanitarian interventions," in the post-UN Charter period.
In that period, perhaps the most compelling example of (III) is the Vietnamese invasion of Cambodia in December 1978, terminating Pol Pot's atrocities, which were then peaking. Vietnam pleaded the right of self-defense against armed attack, one of the few post-Charter examples when the plea is plausible: the Khmer Rouge regime (Democratic Kampuchea, DK) was carrying out murderous attacks against Vietnam in border areas. The US reaction is instructive. The press condemned the "Prussians" of Asia for their outrageous violation of international law. They were harshly punished for the crime of having terminated Pol Pot's slaughters, first by a (US-backed) Chinese invasion, then by US imposition of extremely harsh sanctions. The US recognized the expelled DK as the official government of Cambodia, because of its "continuity" with the Pol Pot regime, the State Department explained. Not too subtly, the US supported the Khmer Rouge in its continuing attacks in Cambodia.
The example tells us more about the "custom and practice" that underlies "the emerging legal norms of humanitarian intervention."
Despite the desperate efforts of ideologues to prove that circles are square, there is no serious doubt that the NATO bombings further undermine what remains of the fragile structure of international law. The US made that entirely clear in the discussions leading to the NATO decision. Apart from the UK (by now, about as much of an independent actor as the Ukraine was in the pre-Gorbachev years), NATO countries were skeptical of US policy, and were particularly annoyed by Secretary of State Albright's "saber-rattling" (Kevin Cullen, Boston Globe, Feb. 22). Today, the more closely one approaches the conflicted region, the greater the opposition to Washington's insistence on force, even within NATO (Greece and Italy). France had called for a UN Security Council resolution to authorize deployment of NATO peacekeepers. The US flatly refused, insisting on "its stand that NATO should be able to act independently of the United Nations," State Department officials explained. The US refused to permit the "neuralgic word `authorize'" to appear in the final NATO statement, unwilling to concede any authority to the UN Charter and international law; only the word "endorse" was permitted (Jane Perlez, NYT, Feb. 11). Similarly the bombing of Iraq was a brazen expression of contempt for the UN, even the specific timing, and was so understood. And of course the same is true of the destruction of half the pharmaceutical production of a small African country a few months earlier, an event that also does not indi-cate that the "moral compass" is straying from righteousness -- not to speak of a record that would be prominently reviewed right now if facts were considered relevant to determining "custom and practice."
It could be argued, rather plausibly, that further demolition of the rules of world order is irrelevant, just as it had lost its meaning by the late 1930s. The contempt of the world's leading power for the framework of world order has become so extreme that there is nothing left to discuss. A review of the internal documentary record demonstrates that the stance traces back to the earliest days, even to the first memorandum of the newly-formed National Security Council in 1947. During the Kennedy years, the stance began to gain overt expression. The main innovation of the Reagan-Clinton years is that defiance of international law and the Charter has become entirely open. It has also been backed with interesting explanations, which would be on the front pages, and prominent in the school and university curriculum, if truth and honesty were considered significant values. The highest authorities explained with brutal clarity that the World Court, the UN, and other agencies had become irrelevant because they no longer follow US orders, as they did in the early postwar years.
One might then adopt the official position. That would be an honest stand, at least if it were accompanied by refusal to play the cynical game of self-righteous posturing and wielding of the despised principles of international law as a highly selective weapon against shifting enemies.
While the Reaganites broke new ground, under Clinton the defiance of world order has become so extreme as to be of concern even to hawkish policy analysts. In the current issue of the leading establishment journal, Foreign Affairs, Samuel Huntington warns that Washington is treading a dangerous course. In the eyes of much of the world -- probably most of the world, he suggests -- the US is "becoming the rogue superpower," considered "the single greatest external threat to their societies." Realist "international relations theory," he argues, predicts that coalitions may arise to counterbalance the rogue superpower. On pragmatic grounds, then, the stance should be reconsidered. Americans who prefer a different image of their society might call for a reconsideration on other than pragmatic grounds.
Where does that leave the question of what to do in Kosovo? It leaves it unanswered. The US has chosen a course of action which, as it explicitly recognizes, escalates atrocities and violence -- "predictably"; a course of action that also strikes yet another blow against the regime of international order, which does offer the weak at least some limited protection from predatory states. As for the longer term, consequences are unpredictable. One plausible observation is that "every bomb that falls on Serbia and every ethnic killing in Kosovo suggests that it will scarcely be possible for Serbs and Albanians to live beside each other in some sort of peace" (Financial Times, March 27). Some of the longer-term possible outcomes are extremely ugly, as has not gone without notice.
A standard argument is that we had to do something: we could not simply stand by as atrocities continue. That is never true. One choice, always, is to follow the Hippocratic principle: "First, do no harm." If you can think of no way to adhere to that elementary principle, then do nothing. There are always ways that can be considered. Diplomacy and negotiations are never at an end. The right of "humanitarian intervention" is likely to be more frequently invoked in coming years -- maybe with justification, maybe not -- now that Cold War pretexts have lost their efficacy. In such an era, it may be worthwhile to pay attention to the views of highly respected commentators -- not to speak of the World Court, which explicitly ruled on this matter in a decision rejected by the United States, its essentials not even reported.
In the scholarly disciplines of international affairs and international law it would be hard to find more respected voices than Hedley Bull or Louis Henkin. Bull warned 15 years ago that "Particular states or groups of states that set themselves up as the authoritative judges of the world common good, in disregard of the views of others, are in fact a menace to international order, and thus to effective action in this field." Henkin, in a standard work on world order, writes that the "pressures eroding the prohibition on the use of force are deplorable, and the arguments to legitimize the use of force in those circumstances are unpersuasive and dangerous... Violations of human rights are indeed all too common, and if it were permissible to remedy them by external use of force, there would be no law to forbid the use of force by almost any state against almost any other. Human rights, I believe, will have to be vindicated, and other injustices remedied, by other, peaceful means, not by opening the door to aggression and destroying the principle advance in international law, the outlawing of war and the prohibition of force."
Recognized principles of international law and world order, solemn treaty obligations, decisions by the World Court, considered pronouncements by the most respected commentators -- these do not automatically solve particular problems. Each issue has to be considered on its merits. For those who do not adopt the standards of Saddam Hussein, there is a heavy burden of proof to meet in undertaking the threat or use of force in violation of the principles of international order. Perhaps the burden can be met, but that has to be shown, not merely proclaimed with passionate rhetoric. The consequences of such violations have to be assessed carefully -- in particular, what we understand to be "predictable." And for those who are minimally serious, the reasons for the actions also have to be assessed -- again, not simply by adulation of our leaders and their "moral compass."